El Hueso que No Descansa
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Cuarenta y cuatro años después, la democracia española negociaba con los restos de su dictador. La cuestión nunca fue Franco — fue lo que su muerte dejó sin resolver.
En octubre de 2019, operarios con trajes de protección entraron en el Valle de los Caídos, el mausoleo que Francisco Franco mandó construir con mano de obra de prisioneros republicanos en la sierra de Guadarrama, al noroeste de Madrid. El féretro fue retirado bajo cámaras de televisión, trasladado en helicóptero y depositado en un cementerio civil en El Pardo, donde la esposa del Caudillo yace desde 1988. La familia se opuso hasta el final en los tribunales y perdió. El gobierno socialista de Pedro Sánchez describió el acto como una necesidad democrática. Sus adversarios lo describieron como una escenificación electoral. Ambas lecturas eran probablemente ciertas.
Cuarenta y cuatro años de democracia, y España seguía gestionando los huesos del dictador como material radiactivo — peligrosos no por lo que eran, sino por lo que seguían significando. No como problema arqueológico. Como problema político abierto.
Esto es lo que las biografías de Franco rara vez consiguen captar. La muerte de un dictador no encierra al dictador. Encierra una versión de él: la que existía en el ceremonial del Estado, en la omnipresencia del retrato oficial, en el miedo que no necesitaba ser enunciado para funcionar. Lo que permanece es otra cosa. Es la memoria de haber vivido bajo él. Y esa memoria no es, necesariamente, memoria de sufrimiento.
En noviembre de 1975, encuestas realizadas inmediatamente después de la muerte de Franco revelaron que un 29% de los españoles sentían una pérdida irreparable y un 53% se sentían dolidos y entristecidos. Estos datos suelen citarse como curiosidad — el extraño apego de un pueblo a su verdugo. Pero citarlos como curiosidad ya es una forma de no comprenderlos.
Lo que esos números dicen no es que los españoles hubieran sido bien domesticados. Dicen que habían vivido sus vidas. Casado, criado hijos, abierto tiendas, ido a misa, discutido de fútbol en los cafés — dentro de los límites debidos, sin excederlos. La mayoría de las personas, en la mayoría de los regímenes, vive así. Ni en resistencia. Ni en complicidad activa. En una tercera cosa que no tiene nombre decente en ninguna lengua política: la normalidad bajo condiciones anormales.
Lo que moriría con Franco no era la opresión — muchos ni siquiera la sentían directamente. Era la estabilidad. Era la certeza de que las reglas, incluso las arbitrarias, se mantenían. Y cuando el Estado autoritario muere, la pregunta que se instala no es por fin somos libres. Es una pregunta más prosaica y más inquietante: ¿qué viene después?
La transición española a la democracia — la Transición, con la mayúscula que le confiere un estatuto casi mitológico — funcionó porque se construyó sobre un pacto de silencio. La Ley de Amnistía de 1977 protegió a los funcionarios del régimen de cualquier responsabilidad judicial. Los archivos quedaron cerrados. Las fosas comunes no se abrieron. La izquierda aceptó estas condiciones porque necesitaba democracia más que justicia retroactiva; la derecha las aceptó porque no tenía alternativa.
Este pacto — el Pacto del Olvido, como lo denominaron los historiadores — fue durante décadas presentado como el secreto del éxito español. La prueba de que la prudencia supera a la memoria. Que las democracias se construyen mejor sobre el olvido que sobre el ajuste de cuentas. España se integró en la OTAN en 1982, entró en la Comunidad Económica Europea en 1986, organizó los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Era una historia de éxito que otros países estudiarían.
El problema con los pactos de olvido es que el olvido no obedece a pactos.
La primera generación política tras Franco mantuvo el acuerdo implícito: dejar a Franco en su sitio. La segunda y tercera generaciones — que no habían hecho el pacto y nada tenían que perder al romperlo — descubrieron que la figura del dictador era políticamente más útil viva que muerta. El Partido Socialista empezó a invocar a Franco como si el Caudillo fuera un adversario actual, no un fantasma de medio siglo. La Ley de Memoria Histórica de 2007, y su versión reforzada de 2022, abrieron archivos, reconocieron víctimas, ordenaron la retirada de símbolos. La exhumación de 2019 fue el gesto más teatral de esta nueva política.
Ninguna de estas medidas es en sí injusta. Lo revelador es el calendario: ¿por qué ahora? ¿por qué cincuenta años después? La respuesta no está en la historia — está en la política contemporánea. Franco se convirtió en una herramienta, utilizable cada vez que la derecha necesitaba ser asociada a un pasado que la mayoría de los españoles rechaza. La memoria histórica, en este caso, no sirve a la memoria. Sirve al presente.
Las biografías de Franco que se acumulan en lengua inglesa — y la más reciente es de un periodista británico experimentado, hábil en la narración y honesto en sus simpatías — suelen estar bien escritas y bien documentadas. Lo que tienden a no conseguir es responder a la pregunta que plantean ese 82% de españoles enlutados en noviembre de 1975.
No la pregunta de cómo fue posible. Esa tiene respuestas disponibles: represión, propaganda, miedo, cansancio, cooptación gradual. Sino la otra, más difícil: ¿qué significa para una nación haber vivido durante décadas en una estabilidad que dependía de silenciar a la mitad de sí misma?
Es una pregunta sin respuesta cómoda. Y quizá por eso las biografías de dictadores — incluso las mejores — tienden a ser acusaciones bien informadas en lugar de arqueologías de la experiencia vivida. El acusado está muerto. El juicio ya se celebró. Lo que falta es comprender no al criminal, sino a quienes vivieron bajo él sin ser ni mártires ni colaboradores: los que vivieron, simplemente.
Visto desde Lisboa, esta cuestión tiene otra textura.
Portugal salió de su propia dictadura en abril de 1974, un año antes de la muerte de Franco. El Estado Novo de Salazar — que gobernó hasta su incapacidad en 1968 y que Caetano prolongó hasta el colapso — duró cuatro décadas. No fue idéntico al franquismo: menos sangre en su origen, más constante en su rechazo al fascismo mussoliniano, más provinciano en su ambición. Pero tuvo la misma capacidad de producir lo que podríamos llamar, por falta de mejor término, el cotidiano bajo censura.
En Portugal, a diferencia de España, la transición fue una ruptura. La Revolución de los Claveles no produjo un pacto de olvido — produjo depuraciones, procesos, cuentas abiertas. Y después, cuando la democracia se estabilizó, produjo también su propio olvido: no legal, sino cultural. Salazar fue quedando reducido a figura de museo — siniestra, pero distante.
El resultado es curioso. Portugal no hizo el Pacto del Olvido — y sin embargo el resultado no es muy distinto. El olvido llegó por fatiga en lugar de por acuerdo. Lo que quedó, como en España, es una democracia que funciona sobre una memoria no procesada.
Desde Lisboa, lo que se ve en España no es una anomalía. Es un espejo.
Y lo que el espejo muestra no es la maldad singular de Franco ni la debilidad singular de los españoles. Muestra lo que ocurre cuando una nación vive durante décadas en una forma de estabilidad que luego no puede admitir haber aceptado, en alguna medida.
Los huesos fueron movidos. La incomodidad permaneció.
En noviembre de 1975, mientras el féretro del Caudillo reposaba en capilla ardiente y la fila de espera se extendía por más de un kilómetro por las calles de Madrid, había en la ciudad — y en toda España — un silencio que no era de duelo. Era de cálculo.
Una pregunta que nadie sabía formular, pero que todos estaban haciendo: ¿qué somos ahora que aquello que nos definía ha dejado de existir?
La democracia española respondió construyendo una de las sociedades más abiertas de Europa. Respondió bien, a su manera práctica e imperfecta. Pero no respondió a la pregunta que estaba debajo de la pregunta.
Lo que se pierde cuando muere un dictador no es la libertad que él suprimía. La libertad llega después, en el ruido, en la negociación, en el conflicto democrático. Lo que se pierde es algo más extraño: la certeza de que había un centro.
Una autoridad que, por injusta que fuera, hacía el mundo legible.
Las democracias no tienen ese tipo de centro. Tienen proceso. Tienen disputa. Tienen la desordenada productividad de la pluralidad. Esa es su fuerza — y, para quien vivió sin ella durante décadas, también su vértigo.
Franco está enterrado en El Pardo. La pregunta que su muerte planteó sigue sin respuesta. No porque nadie haya intentado responderla, sino porque una respuesta honesta exigiría admitir algo incómodo: que estabilidad y libertad no son siempre opuestas, y que las dictaduras largas producen no solo víctimas, sino también — y esto es lo más difícil de decir — una cierta paz que las personas sienten como propia, incluso cuando esa paz fue construida sobre el silencio ajeno.
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